EL CÓDIGO CIVIL

En este libro presenta un compendio general de la obra del profesor Alberto Blanco-Uribe Quintero, en lo que concierne a sus diversos estudios en el ámbito del derecho procesal tributario, en Venezuela.
Todos estos estudios, aparecidos en sus respectivos momentos a lo largo de más de treinta años de dedicación a la investigación jurídica, a la docencia universitaria de pre y postgrado, y al ejercicio de la profesión de abogado, como litigante, en revistas de derecho especializadas y en libros homenaje a juristas destacados, comprenden todos los aspectos del derecho procesal tributario (acción, pretensión, jurisdicción, competencia, legitimación activa y pasiva, sustanciación de juicios, derecho probatorio, poder cautelar, igualdad procesal, poderes del juez, ejecución de sentencias, apelaciones, acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, medios alternativos de solución de conflictos, tutela anticipada y medidas autosatisfactivas, etc.), con tratamiento detallado del recurso contencioso tributario (con o sin pretensión de condena), de la acción de amparo tributario, del juicio ejecutivo, de la transacción judicial y del arbitraje tributario.
Desde su perspectiva, que parte ceñidamente de los principios generales del derecho, de la teoría general del proceso, de la teoría general de los derechos humanos, el autor, como bien lo resalta en su prólogo el profesor Humberto Romero-Muci, aborda críticamente lo que es la realidad venezolana en estrados, con una aproximación de “derecho vivo”.
Evidencia la dialéctica sensible entre lo que se aprecia ha o debe ser en aula, y lo que en realidad es en los tribunales superiores de lo contencioso tributario y en su alzada, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, situación que pone de manifiesto el olvido del principio pro actione, la ignorancia en cuanto al desiderátum constitucional por el principio in dubio pro libertas y, en definitiva, el menoscabo permanente a los derechos del justiciable, en una marcada involución legislativa y jurisprudencial que envía al olvido al principio pro homine y, con él, a la dignidad de la persona.
Una invitación entonces al rescate de la vigencia real de los principios generales de tutela a la protección la persona humana, y todas sus esferas de libertad, tras el autoredescubriemiento del juez, de su papel trascendental en democracia, de “paraguas” de la persona, frente a la tormenta de la arbitrariedad de los poderes públicos.